Venezuela tacha de “grotesca farsa mediática” el informe de expertos de OEA


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WASHINGTON. La misión de Venezuela en la OEA tachó ayer de “grotesca farsa mediática” el informe elaborado por un grupo de expertos designados por el secretario general del organismo, Luis Almagro, en el que se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado, la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó “su profundo y categórico rechazo” al documento y consideró que es “resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio” del derecho internacional y de las reglas del organismo.

El informe fue presentado ayer en la sede de la OEA en Washington por el panel de expertos, compuesto por Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.

“Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial.

En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática”, afirma la misión de Venezuela.

En el informe, el grupo de expertos sostiene que existe un “fundamento razonable” para considerar que el Gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad, y que por tanto, puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

La OEA como organización no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI pero sí pueden hacerlo cualquiera de los Estados miembros del organismo panamericano que hayan suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado dicho Estatuto.

Si ningún país denunciara a Venezuela, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la CPI.

La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante ese tribunal, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que si lo hace un individuo (en este caso Almagro) la Fiscalía debería recibir la autorización previa de un grupo de jueces.

El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en audiencias celebradas el año pasado en la OEA, así como decenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.

Desde el principio, la misión de Venezuela en la OEA ha tachado de “ilegal” las audiencias, pero la Secretaría General justifica su investigación argumentando que debe cumplir con el acuerdo de cooperación suscrito con la CPI en abril de 2011.